pásele, pásele a las noticias de la carrilla

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

reportaje

 

La historia real de millones de Cenicientas

 

Todos los días una niña se despierta en la casa de una familia que no es la suya y comienza su interminable jornada laboral: cocinar, lavar, planchar, cuidar de otros niños y niñas.

Tina, Aminetu y Josefina trabajan en Paraguay, Mauritania y Perú para cambiar esta realidad.
Este reportaje ha sido elaborado en el marco del II curso "Comunicación con enfoque de derechos, herramientas para un periodismo más humano", organizado por Periodismo Humano y el Institut de Drets
La historia de la Cenicienta sin final feliz es tremendamente real para más de 17 millones de niños y niñas en todo el mundo. En vez de ir a la escuela y jugar, viven y trabajan para una familia que no es la suya. Son invisibles e inaccesibles y están ocultos.

El trabajo doméstico infantil tiene el rostro de una niña. Es el sector, por encima de cualquier otro, en el que hay más niñas menores de 16 años empleadas. En demasiadas ocasiones trabajan bajo condiciones de explotación y sufren abusos físicos, psicológicos, sexuales y negligencia. De manera reiterada se violan muchos de sus derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. Muchas pierden los lazos con su familia y pasan a depender de sus empleadores.

Esta forma de explotación afecta al modelo psicológico que los niños y niñas interiorizan en esta etapa tan importante de la vida. Javier Romeo, psicólogo infantil, explica que vivir y trabajar para otra familia tiene consecuencias negativas sobre el afecto y el apego. “Quienes me tendrían que proteger, me están explotando. ¿Qué entorno de seguridad se crea? Con 8 o 10 años es algo muy complicado de manejar”, explica. Además, si la vinculación que se establece es de dominación-sumisión, “al ser considerado como inferior, es más fácil que el niño o la niña pueda sufrir cualquier tipo de violencia, como malos tratos o abuso sexual”.

Criaditas en Paraguay

En Paraguay, 46.993 niños y niñas –el 2,5%–, se dedican al criadazgo, término que se utiliza para los menores de edad que viven y trabajan en la casa de otra familia. Ser una criadita no es lo mismo que ser empleada doméstica, no reciben remuneración ni tienen vacaciones.

Tina Alvarenga recuerda que la primera vez que montó en avión fue a los diez años, cuando dejó su pueblo natal para trabajar como criadita en Asunción. No sabe cuál es la razón por la que sus padres tomaron esa decisión, nunca le hizo esa pregunta a su madre. A pesar de que tanto ella como todos sus hermanos iban a la escuela y de que en el pueblo había educación secundaria y primaria, la mandaron a vivir con una pareja que tenía tres hijos que ya no estaban en la casa. Cada día se levantaba a las cinco de la mañana para preparar el mate para el señor de la casa y limpiar la calle antes de ir al colegio. No tenía que cocinar ni lavar la ropa de la familia puesto que había una empleada doméstica que se encargaba de esas cosas, por lo que dedicaba su tiempo a limpiar la casa y a cuidar de la abuela de la familia.

Tuvo relativamente suerte puesto que por lo menos pudo continuar sus estudios, pero nunca fue un miembro más de la familia. “En mi caso había una diferencia clara. En una época la hija de unos amigos de ellos vino a vivir a la casa y ella era la señorita. Yo tenía más acceso a la biblioteca de la casa que a la heladera para comer algo”. No le dejaban hablar su lengua materna, el guaraní y, a excepción de con otras empleadas domésticas, nunca lo hablaba. No podía ver mucho a sus padres, “la señora decía que no quería que volviera a tomar los malos hábitos y costumbres de mi familia”.

No vivió una adolescencia normal, no podía socializar, no tenía tiempo para ir a actividades extraescolares y no tenía ropa bonita con la que poder acudir a fiestas. También recuerda haber sufrido acoso en la escuela por sus facciones indígenas.

Tina actualmente es una activista en la lucha contra esta práctica. “En investigaciones hemos visto que lo que más duele es el trato, la discriminación y el lugar que uno ocupa en la casa. No sos un empleado porque no recibes remuneración. Dicen que eres medio su hijo pero no te tratan como a un hijo porque te explotan, te discriminan y con frecuencia te maltratan. En algunos casos las criaditas han sido un elemento lúdico o de iniciación sexual del hijo del patrón o su objeto. Eso marca mucho la diferencia entre un hijo y un criadito”.

En enero de 2016, Paraguay, que durante años había cerrado los ojos frente a esta realidad, se vio obligado a abrirlos de golpe cuando Carolina Marín, una criadita de 14 años, murió como consecuencia de los golpes propinados por la pareja para la que trabajaba.

Diputados del Partido Colorado –de tendencia conservadora– han alegado que el criadazgo no puede prohibirse porque permite que muchos niños y niñas tengan acceso a la educación. Sin embargo, Tina sostiene que esa afirmación podía ser válida en el pasado, pero que actualmente el acceso a la educación ha aumentado de manera considerable en el país. “Estoy convencida de que ningún niño o niña –y lo considero injusto– tiene que pasar por esta situación para acceder a un derecho fundamental como es el derecho a la educación. A ningún niño le debería costar sacrificio, trabajo, explotación o discriminación disfrutar de un derecho básico”.

Petites bonnes en África

Al otro lado del Atlántico, en los países francófonos de África, a las niñas trabajadoras domésticas se las conoce como petites bonnes. “Cuando las niñas empiezan a trabajar en una casa su futuro ya ha terminado, no pueden pensar en otra cosa”, comenta Nagi, trabajadora social.

Djeinaba tiene 17 años y vive en Nuadibú, la capital económica de Mauritania, donde trabaja como empleada doméstica externa por lo que recibe 30 ouguiyas al día, el equivalente a unos 0,87 euros. Ella está a las puertas de la mayoría de edad, pero la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia de Mauritania (AFCF) se ha encontrado con casos de niños y niñas de cuatro, cinco o seis años que trabajaban en el servicio domésticos.

Aminetou Mint El Mokhtar, defensora de los derechos humanos y Presidenta de AFCF, explica que las causas que empujan a las familias a dejar que sus hijas trabajen desde tan pequeñas son la pobreza y la precariedad en la que viven. Muchos niños y niñas no van al colegio ni están registrados, carecen de lo más básico: un acta de nacimiento. Mauritania fue el último país en abolir la esclavitud, aunque su desaparición real sigue siendo una de las tareas pendientes del país, que sigue persiguiendo a aquellos activistas que promueven su desaparición. El trabajo infantil doméstico todavía se reserva a niñas esclavas o descendientes de esclavas, puesto que la esclavitud se transmite únicamente a través de la madre.

Algunas trabajan como externas, pero la situación es aún más difícil cuando son internas, “muchas sufren explotación, son las primeras que se levantan y las últimas que se acuestan, con salarios muy pequeños”, dice Aminetu. En ocasiones estas niñas son acusadas de robo, “los empleadores acumulan varios salarios diciendo que les pagarán el día que vuelvan a sus casas y cuando han acumulado muchos las acusaban de robo y así no las pagan”. Otras niñas son víctimas de violencia sexual.

El trabajo de la AFCF consiste en identificar a las niñas que trabajan como empleadas domésticas. Si tienen menos de 14 años hablan con sus familias para explicarles que sus hijas tienen que ir a la escuela. Si son más mayores se aseguran de que tengan acceso a un nivel mínimo de alfabetización y a cursos de formación profesional, como costura o peluquería, para que puedan acceder a otro tipo de trabajo, más seguro y con mejores condiciones laborales. También se aseguran de que tengan acceso a la salud y dan créditos a algunas familias.

Las niñas trabajadoras domésticas en Perú

Josefina Condori comenzó a trabajar en el servicio doméstico a los ocho años, tras el fallecimiento de su padre, primero en la casa de un familiar en Lima, y después en otras. Cuando dejó su hogar se le mezclaron sentimientos contradictorios, de ilusión por las oportunidades que creía que se le abrían, pero también de tristeza por dejar atrás su familia y su comunidad. “No era el Lima que yo soñé”, dice. Mientras los niños de la casa iban al colegio, ella se quedaba limpiando. Recuerda la soledad y las burlas de la gente por no hablar castellano. Olvidó su lengua materna y al volver a su casa en su Puno natal años después no se podía comunicar con su madre.

En Lima conoció a la italiana Vittoria Savio que trabajaba con empleadas del hogar, y juntas fundaron en 1994 el Centro Yanapakusun para ayudar a niñas trabajadoras domésticas en Cusco. La mayoría de estas niñas proceden de comunidades alto andinas, eminentemente agrícolas, y al llegar a la ciudad pierden el contacto con el contexto en el que han crecido. Se acercan a estas niñas buscándolas en las plazas los domingos, en los mercados, en las escuelas nocturnas o en los lugares donde esperan al camión de la basura cada noche. Crearon el Hogar Caith que acoge a varias chicas y además trabajan en las comunidades campesinas intentando sensibilizar a las familias para que sus hijos e hijas no migren siendo demasiado pequeños a las ciudades.

Para la autogestión de sus proyectos han creado Ayparinakusunchis, una agencia que proporciona servicios turísticos responsables y que tiene un hospedaje junto al Hogar, lo que permite a los visitantes conocer el proyecto.

El trabajo infantil doméstico, una de las peores formas de trabajo infantil

Aunque el trabajo infantil doméstico no se señala específicamente en el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una de las peores formas de trabajo infantil, sí que podría considerarse como tal debido a que en ocasiones las condiciones en las que tiene lugar dañan la salud, seguridad y desarrollo de los niños y niñas, y porque en algunos contextos es equiparable a la esclavitud. Y, de acuerdo con el Convenio 138 de la OIT, la edad mínima para realizar un trabajo peligroso es de 18 años. Tanto Mauritania como Paraguay y Perú han ratificado ambos convenios.

Sin embargo, ni Mauritania ni Perú han ratificado el Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Este Convenio establece que los Estados que lo ratifiquen deben establecer una edad mínima para las personas trabajadoras domésticas, que en ningún momento debe ser inferior a las establecidas en los Convenios 138 y 182 ni a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para los trabajadores en general. Este trabajo nunca debe privar a los trabajadores domésticos menores de 18 años de la escolaridad obligatoria.

La nueva Agenda Global de Desarrollo, aprobada por Naciones Unidas en la Cumbre de Nueva York en septiembre de 2015, recoge entre sus objetivos la erradicación inmediata de las peores formas de trabajo infantil y, como tarde en 2025, todas las formas de trabajo infantil.

La realidad de estas niñas trabajadoras domésticas no queda reducida a estos tres países, sino que está presente en todo el mundo. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha denunciado en varias ocasiones que la práctica de las restavek en Haití es comparable a la esclavitud y que estas niñas son “objeto de explotación en condiciones semejantes al trabajo forzoso”. A una situación similar se encuentran las niñas Kamalari en Nepal.
Estas tres mujeres, Tina, Aminetu y Josefina –residentes en tres países distintos, Paraguay, Mauritania y Perú–, levantan su voz contra esta injusticia y trabajan para dar una oportunidad a los sueños de todas estas niñas.
 

 

 

 

El rostro olvidado de Ayotzinapa

 

 

Además de desaparecer 43 estudiantes, el 26 de septiembre de 2014 también fueron asesinadas seis personas. Los tribunales locales investigan estas muertes, pero la justicia sigue pendiente. La fiscalía federal mexicana no quiso asumir los casos, ni siquiera la investigación del único homicidio que lleva la marca clara de los criminales. A más de un año de los hechos su revictimización continúa.

Lenin Mondragón, hermano de Julio César.

Lenin Mondragón tiene los mismos ojos de Julio César, oscuros, vivos y un tanto rasgados, pero los suyos están llenos de tristeza. Ha pasado más de un año desde que asesinaron a su hermano y no lo supera. “Ayer le soñé. Me contaba que se encontró con un amigo el 24 de septiembre y yo le decía ‘Si te acuerdas del 24, ¡cuéntame qué paso el 26! Pero entonces me desperté”.

Apoyado en el coche fuera de la casa de su madre, una humilde vivienda de San Miguel Tecomatlán, a dos horas de Ciudad de México, este joven que estudia entre semana y vende chicharrones en el mercado dominical respira hondo y aprieta la mandíbula. “Aquí todos nos hacemos los fuertes”, susurra.

Saber lo que pasó el 26 de septiembre de 2014 es la peor pesadilla de los Mondragón, una familia de maestros y, ahora más que nunca, de activistas sociales. Esa noche Julio César, un estudiante de 22 años, casado con una joven maestra y con una hija que entonces no tenía ni dos meses, fue torturado, desollado y tirado en una calle de Iguala, en el estado de Guerrero.

Policías locales vinculados al crimen organizado lanzaron un ataque desproporcionado y coordinado, en palabras del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, una escuela de maestros del mismo estado. Seis personas fueron asesinadas, incluido Julio César, y 43 de sus compañeros desaparecieron sin que hasta el momento se sepa nada de su destino.

Quién ideó el crimen, con qué objetivo y por qué se obstruyó la investigación, como denunció la CIDH, todavía es un misterio. Lo único que dejó claro el informe de los expertos es que los 43 no pudieron ser incinerados en el basurero de Cocula, una población cercana a Iguala, como decía el gobierno, y que las fuerzas federales y el ejército monitorearon en todo momento los ataques sin hacer nada para evitarlos o ayudar a la víctimas. El porqué de este comportamiento es otra incógnita.

Ante la magnitud de las 43 desapariciones forzadas, los asesinatos quedaron ignorados por la justicia federal. La muerte de los estudiantes Daniel Solís y Julio Cesar Ramírez, asesinados a quemarropa; la del conductor Víctor Manuel Lugo Ortiz y el adolescente David José García Evangelista, que perdieron la vida cuando la policía tiroteó su autobús, de un equipo de fútbol local; y la de Blanca Montiel, muerta en medio del tiroteo mientras iba en un taxi, están, como el asesinato de Mondragón, en manos de los tribunales locales que no tienen ni la experiencia ni los recursos necesarios para garantizar que se haga justicia.

La mañana del 27 de septiembre de 2014 el ejército encontró el cadáver de Julio César. Las fotografías, con la piel del rostro arrancada, fueron subidas a internet no se sabe por quién. Lenin fue el primer Mondragón en verlas. Alguien le avisó, corrió a la computadora y vio la imagen de la muerte. Era su hermano.

Mientras 43 jóvenes siguen en el limbo, Julio César está en un refrigerador. Fue enterrado una vez, exhumado al año y ahora espera descansar en paz pero debido a la lentitud burocrática, el cuerpo sigue en las instalaciones de la fiscalía general.

Remover la tierra de su tumba fue como remover las tripas de toda la familia. Esperar para poder volver a inhumarlo por las tediosas y lentas gestiones burocráticas es mantener abiertas las tripas de las víctimas.

El día de la exhumación, antes de ir al panteón, Lenin ayuda a su madre con los preparativos para atender a las visitas: psicólogos, abogados, amigos y activistas que llevan junto a la familia desde el principio del horror. Afrodita Mondragón es una mujer de 42 años, pelo negro y liso acomodado en una coleta, que se mueve nerviosa entre el horno donde terminan de cocerse unos pasteles y una gran olla de peltre donde hierve café, colocada en el patio que comparte con su hermano, cuya casa está enfrente.

Junto a la cocina está la habitación de Julio César apenas sin tocar. De vez en cuando, cuando se siente con ánimos, Afrodita entra a poner salsa en la computadora de su hijo, la canción que bailaba con él. O a revisar el Facebook aunque siempre con la mano puesta en la parte donde cree puede aparecer la foto del cadáver que corrió por internet. No soporta ni imaginarla.

Ya han pasado las lluvias y el día está bueno. Afrodita se coloca un sombrero de paja para soportar el sol en el panteón. Remueve un poco el café y pierde su mirada en el fondo de la olla. “Ojalá sea para bien”, murmura. “Tengo un dolor aquí… “, dice tocándose el corazón. “Pero ya estoy mejor, ya puedo llorar”, añade intentando esbozar una sonrisa. Como la mayoría de la familia, ella sigue en terapia.

Afrodita Mondragón, la madre de Julio César.

Imaginar lo que le hicieron a su hijo es una martirio para esta mujer, madre de Lenin y de una niña de 3 años. “Yo me hago mi historia y luego me invento otra… pero ni sé”, confesaba meses antes. Ahora sabe que están un poco más cerca de conocer la verdad, la palabra por la que llevan luchando más de un año. La familia exigió que se exhumara el cadáver y que peritos de su confianza, los del Equipo Argentino de Antropología Forense, hicieran una nueva autopsia dadas las carencias y las contradicciones de la oficial. La CIDH coincidió con los familiares. Era inaceptable, por ejemplo, que una parte del expediente hablara de un desollamiento con arma blanca y otra de heridas causadas por “fauna” del lugar.

La exhumación es el inicio de una nueva fase de búsqueda de la verdad no solo para los Mondragón. También podría dar pistas sobre los 43. Pero todo eso ya se verá. Hoy Afrodita prefiere pensar solo en su café y sus pasteles.

Julio César era un joven amante de la escritura y la filosofía, “platicador y creativo”, según su madre. En su habitación todavía queda su ejemplar del “Lobo Estepario”, fotos y figuras de papiroflexia que le gustaba hacer.

Teófilo Mondragón. el abuelo de Julio César.

A su abuelo, Teófilo Mondragón, le gusta recordar cómo redescubrió a su nieto en su velorio. “Me sorprendió ver tanta gente que no conocíamos y que estaba llore y llore. Yo decía ¿quiénes serán? Luego supe”.

La ocupación de Julio César que no todos conocían era ir a casa de muchas familias a enseñarles a leer y escribir.

Don Teófilo toma aire cada vez que recuerda esa escena igual que cuando expresa otra idea que le atormenta: un hombre solo es imposible que pudiera hacerle eso a un chico fuerte, deportista y acostumbrado a correr por el cerro. “Debió ser todo un regimiento”.

El 26 de septiembre Julio César estaba en uno de los autobuses atacados en Iguala y había grabado videos con su teléfono móvil. La última vez que le vieron fue después de la conferencia de prensa que acabó a balazos pasada la medianoche y de la que salió corriendo. Testigos dijeron que luego oyeron gritos.

Con 22 años, era un poco mayor que la mayoría de compañeros porque había pasado por varias normales pero en ninguna se quedó.

Cuitláhuac Mondragón, su tío, maestro y referente, cree que sus deserciones se debían a que cuestionaba mucho a los dirigentes de las escuelas. Por eso al llegar a Ayotzinapa le aconsejó que no fuera tan crítico, al menos de momento, porque era su última oportunidad de estudiar en una normal, por la edad.

Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César.

El gobierno quiso explicar esos cambios de escuela “sembrándole mala fama”, lamenta el tío. “Y ahora, cuando llegaba la exhumación, volvieron a hacerlo. Quieren manchar su imagen pero no podrán”, añade este hombre alto y grueso que gesticula intensamente con sus manos.

Cuitláhuac se refiere a un reciente documental titulado “La noche de Iguala” que acusa a Julio César de pertenecer al crimen organizado. La película lanza la acusación, luego dice que no está comprobada y carece de todo rigor. Se limita a recrear la versión oficial que la CIDH echó por tierra y que incluso el gobierno ya ha matizado y no hace una sola entrevista a las víctimas. Tampoco menciona el informe de la Comisión, un documento que incluso la ONU ha avalado, y que aunque sí abre las puertas a que el tráfico de heroína en autobuses pudiera estar detrás de los ataques, nunca vincula a los estudiantes con grupo delictivo alguno.

“Quieren dividirnos diciendo que había infiltrados pero las víctimas estamos cada vez más unidas y hemos visto que son muchos los que nos apoyan. No tenemos nada que esconder. En cambio el gobierno ¿qué esconde? Cuanto más nos ataquen, más seguiremos luchando. No soñamos con venganza, soñamos con justicia”

El informe de la Comisión Interamericana fue una bocanada de aire fresco para todas las familias de Ayotzinapa -Cuitláhuac dice que tras su presentación volvió a creer en las personas-. Por primera vez se tumbó una versión oficial, se cuestionó al gobierno y se sembraron dudas sobre la actuación de las fuerzas federales que, como poco, vieron, oyeron y callaron, cual convidado de piedra. Pero México no ha seguido todavía las recomendaciones que los expertos independientes llevan meses pidiendo y la Procuraduría General de la República, por ejemplo, sigue sin investigar el caso Mondragón, que se mantiene en Iguala y está fragmentado en tres expedientes distintos.

En total, hay 27 policías y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusados de su homicidio pero la abogada de la familia, Sayuri Herrera, dice que el caos de los expedientes es tal que cualquier abogado defensor podría echar por tierra las acusaciones, como ya ocurrió con un policía que fue exonerado del asesinato pero se mantiene detenido por las desapariciones.

“No hay claridad. A toda esa gente [los 28 detenidos] se les acusa también del resto de homicidios cómo si todos hubiesen podido estar en todas partes a la vez“, lamenta Herrera. Esas mismas personas también están acusadas de participar en las desapariciones pero esa investigación está en otros juzgados. Las disgregación de información complica cualquier avance y una visión de conjunto de lo que pasó esa noche.

Por eso ahora la familia confía en que los resultados de la segunda autopsia, en la que también estuvieron presentes peritos de la PGR, constate que existió tortura para que la Procuraduría no pueda ya evitar atraer el caso.

Mientras espera el inicio de la exhumación, una mujer policía se acerca a Afrodita para pedirla el nombre. Está anotando quién tiene acceso al panteón. Afrodita la ofrece un cigarro y se enciende otro, aunque ella apenas fuma.

– Yo a usted la conozco, vendía en la esquina del local de mis papás, que le dejaban poner ahí su puestecito –dice la agente.

– Cierto, cierto, ya me acuerdo.

– Lo siento mucho señora, no sabía que había sido su hijo. Para nosotros [los policías locales] tampoco está siendo fácil, nos culpan y nos acusan [de ser como los de Iguala] pero por unos no podemos pagar todos. La acompaño en el sentimiento.

-Gracias, tome un café. No se preocupe. Sé que no fueron ustedes. En quienes no confiamos son en esos [policías federales]. ¡Mire cómo vienen! Con sus armas y sus chalecos antibalas… como si fueran a luchar contra alguien.

El sol empieza a quemar. Todo está listo ya para empezar a cavar. Al iniciar la exhumación Afrodita toma la carretera a paso rápido, nerviosa. “Voy a por agua de limón para todos”, dice. “Empieza a hacer calor”.

Cuesta ver en esta mujer a la activista convencida que cuando habían pasado solo tres meses de la muerte de su hijo decía en un acto público a los normalistas, puño en alto: “estamos luchando por ustedes, estamos orgullosos de ustedes”; a esa madre que se jactaba de tener como misión en la vida “parir buenos mexicanos”. Hoy esa mujer es un manojo de nervios que solo desea que el día acabe.

Durante un rato, apoyada desde fuera en el murete del panteón de poco más de un metro de altura, aislada, sin querer acercarse, observa el ajetreo en torno a la tumba de su hijo. “Ojalá sea para bien”.

Un mes después de la exhumación, el cuerpo de Julio César seguía en un refrigerador de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República. Estaba pendiente de una prueba de ADN que las autoridades no querían agilizar a pesar de que la familia así lo había pedido una y otra vez.

Tal vez a las autoridades les daba lo mismo dónde estuviera el cadáver. A sus seres queridos no, máxime después de saber que los traumatismos en el cuerpo de Julio César fueron muchos más de los que creían, como adelantó el grupo de expertos de la CIDH en diciembre.

El grupo de mariachis que le iba a dar el último adiós en el panteón de Tecomatlán tendrá que esperar hasta que las autoridades agilicen la recopilación de papeles necesarios o hasta que entiendan que una camilla metálica dentro de un congelador no es buen lugar ni para un muerto.
 

 

Cuando los mineros británicos inauguraron el desfile del Orgullo Gay

 

 

 

En 1984, la gran huelga minera contra el gobierno de Thatcher encontró a su principal aliado en el movimiento LGTBI. Por Pablo Luján | El Salto.

Esta no es una historia de victorias. Al menos en lo que al ámbito laboral se refiere. Más de 20.000 personas perdieron sus puestos de trabajo, pueblos enteros fueron condenados al abandono y al paro y uno de los mayores sindicatos de Europa, la National Union of Mineworkers (Unión Nacional de Mineros), quedó herido de muerte. Pero sí es una historia de lecciones y aprendizaje. Porque de aquellos años, a mediados de la década de 1980, se extraen importantes enseñanzas, como la necesaria unión de diferentes colectivos en pro de la defensa de los intereses comunes. Más aún en tiempos como los actuales, en los que en ciertos sectores de la izquierda empieza a primar el individualismo y la desmembración a la par que la búsqueda de la exclusividad y el abandono de la comunidad. Han pasado más de 30 años, pero aquel episodio enmarcado en la Gran Huelga británica, en el que los colectivos de mineros encontraron a su principal e inesperado aliado en los grupos más progresistas del movimiento LGTBI, puede servir de espejo en el que inspirarse y avanzar.

Todo se remonta al año 1983, cuando la primera ministra británica, Margaret Thatcher, anunció tras cinco años en el poder su intención de convertir Reino Unido en una economía de servicios, con todo lo que ello significaría para el sector industrial de las islas y, en particular, para la minería del carbón, el principal objetivo a destruir del gobierno conservador. Se comenzaba a hacer palpable lo que muchos veían venir desde 1974, cuando la antigua administración laboralista anunció la nacionalización de este sector, noticia que se recibió con un inmenso recelo en los círculos más liberales del país. Sólo unos meses tardó en llegar la ofensiva. En 1984, desde el número 10 de Downing Street, se hacía pública la orden de cerrar 20 pozos mineros, una decisión que condenaba a muerte a varios pueblos y comunidades del condado de Yorkshire, Gales y Escocia, en donde prácticamente todos los empleos bebían, directa o indirectamente, de la minería.

Comenzaba así una huelga de 12 meses y una guerra a muerte contra las autoridades, con varios fallecidos en los enfrentamientos con la policía, decenas de detenidos y heridos y centenares de mineros multados. Por poner cifras al conflicto, los paros de los primeros meses llegaron a tener un seguimiento del 73% de media por todo el país, con especial énfasis en el sur de Gales (99%), Yorkshire (97%), Kent (96%) y Escocia (94%). Y aunque su seguimiento fue disminuyendo por la presión policial, las sanciones económicas y el miedo, la respuesta nunca bajó del 60%. Tras un año, según fuentes oficiales, el coste para la economía británica fue de 1.500 millones de libras. Películas como Billy Elliot y Tocando el viento, y libros como The Enemy Withhim, retratan de una u otra forma las dimensiones hasta las que llegó este conflicto desigual, que trajo más quebraderos de cabeza de lo previsto a la Dama de Hierro. De sobra conocida es la frase de Tatcher en la que calificaba en 1985 a los mineros como enemigo interno: "Tuvimos que luchar con el enemigo en el exterior, en Las Malvinas. Pero siempre tenemos que estar alerta del enemigo interno, el cual es más difícil de combatir y más peligroso para la libertad". Y es que la unión y colaboración de los vecinos de las zonas mineras era evidente, bajasen o no a las profundidades de la tierra a trabajar. También lo era la fortaleza del sindicato, liderado entonces por Arthur Scargill, uno de esos secretarios generales más acostumbrados a montar el piquete a las siete de la mañana que a darse la mano con los dirigentes de la patronal.

Ante tal desafío, la respuesta del gobierno fue la incautación del total de los fondos de la National Union of Mineworkers, alegando el impago de multas y poniendo en peligro la supervivencia de las cajas de resistencia. Fue aquí donde entraron en juego dos jóvenes homosexuales residentes en Londres: Mark Ashton, un irlandés de 23 años militante de la Young Communist League, y su amigo Mike Jackson, quienes fundaron la organización Lesbians and Gays Support the Miners, LGSM (Las lesbianas y gays apoyan a los mineros), un acontecimiento histórico retratado en la película Pride, donde por alguna razón se oculta la ideología comunista del fundador. La iniciativa de Ashton y Jackson es realmente inspiradora.

No eran buenos tiempos para la comunidad LGTBI en Reino Unido. La homosexualidad había sido despenalizada por ley tan solo 20 años atrás, y las infecciones de sida aumentaban entonces por miles cada mes. Desde las altas esferas del poder poco tardaron en culpabilizar a gays y lesbianas de la propagación del VIH. Periódicos afines al gobierno, como The Sun, especularon con la idea de construir campos de internamiento y reclusión para homosexuales. Este diario incluso llegó a publicar un intento de chiste que decía "Un joven gay va a casa de sus padres y les dice que tiene dos noticias, una mala y otra buena. La mala es que soy gay. La buena es que tengo sida". La campaña homófoba terminó en 1988 con la aprobación del artículo 28 por parte del ejecutivo de Thatcher, una ley que prohibía a las autoridades locales "promocionar intencionadamente la homosexualidad” y que obligaba a los profesores a "acabar en las escuelas con cualquier aceptabilidad de la homosexualidad como una supuesta relación familiar". Una cita de la Dama de Hierro en 1987, en un acto del partido conservador, resumió toda la campaña: "A los niños se les está educando en que tienen un derecho inalienable a ser gais. Todos están siendo engañados desde el comienzo de sus vidas". La ley no llegó a ser derogada hasta 2003.

Pero eso fue en 1988. En 1984, la guerra estaba en otro lugar. Y Mark Ashton supo llevar las reivindicaciones obreras al colectivo LGBTI. Su frase más repetida en todas las conferencias y reuniones de la época fue "No puedes ser gay y preocuparte sólo por lo que les ocurre a los gays". La LGSM ganó militantes de toda Gran Bretaña con el paso de los meses, hasta formar 11 secciones a lo largo de todo el Estado. Llegó a fletar un autobús para recorrer las zonas mineras y conocer a sus gentes, y consiguió recaudar decenas de miles de libras que irían a parar a las cajas de resistencia del sindicato. Uno de los mayores eventos fue el concierto Pits and Perverts (Pozos y pervertidos), con Bronski Beat como cabeza de cartel y un eslogan inspirado en una publicación de The Sun en la que se ridiculizaba el apoyo de los homosexuales a los mineros.

Entonces, en entornos masculinizados y rudos como el de la minería, tal y como reconoció años después el minero y sindicalista Dai Donovan, la homofobia no estaba extendida, pero sí existía una cierta indiferencia y distanciamiento hacia las reivindicaciones de la comunidad LGTBI. La película Billy Elliot muestra en uno de sus diálogos entre padre e hijo el choque que podía suponer para un duro minero del carbón tener un vástago que simplemente quisiese bailar: "El ballet es para las chicas, no para los chicos, Billy. Los varones practican fútbol, o boxeo, o lucha libre, no el condenado ballet". Aun así, los militantes homosexuales supieron hacerse querer y enterrar viejos prejuicios. En sus viajes a las regiones mineras, los miembros de la LGSM se alojaron en las pequeñas casas de los trabajadores. En los mítines contra Thatcher, portavoces de la National Union of Mineworkers y de la LGSM compartieron escenario. Mike Jackson relató años después el vínculo que llegó a forjarse entre ambos grupos: “En una de nuestras primeras visitas a esos valles, como hombres y mujeres homosexuales de clase trabajadora, nos hicieron sentir bienvenidos. Bebimos con los mineros y sus familias, hablamos, bailamos, reímos. Nos invitaron a dar un discurso delante de 300 personas, y como sabían que estábamos nerviosos, al terminar nos ovacionaron. De noche nos quedamos en sus casas, salimos a pasear con sus hijos por el paisaje escarpado, fuimos a sus reuniones. Me sentí como en casa”. Gracias a las aportaciones recaudadas por gays y lesbianas, la huelga minera pudo seguir más tiempo del previsto.

Tras meses de duras luchas, en marzo de 1985, la National Union of Mineworkers no pudo aguantar el pulso contra la maquinaria liberal engrasada por Tatcher. El gobierno cerró 25 pozos mineros y decenas de regiones quedaron expuestas para siempre al paro y a la pobreza. No hay datos contrastados acerca de si el distanciamiento hacia la comunidad LGTBI desapareció entre la clase trabajadora británica tras aquel año que para bien o para mal fue histórico. Lo que sí sabemos es que tres meses después, en junio de 1985, una comitiva de algo más de 150 mineros llegados de todas partes de Reino Unido, encabezó el desfile del Día del Orgullo Gay de Londres al grito de “Decenas de miles de mineros ya sabemos que hay más problemas más allá de la mina. Sabemos del desarme nuclear, de las reivindicaciones de los negros, de la lucha de los gays y lesbianas”. También sabemos que, ese mismo año, en un congreso del Partido Laboralista, la sección de la National Union of Mineworkers, con mucho peso en la organización política, promovió que la formación hiciese suyas las reivindicaciones del movimiento LGTBI. Años más tarde, en 1987, un grupo de mineros acudió en representación del sindicato al funeral de Mark Ashton, enfermo de sida y fallecido a causa de la neumocistosis a la edad de 27 años. En 2013, varios de los protagonistas de aquella historia, tanto militantes homosexuales como sindicalistas, se reunieron para brindar por la muerte de Thatcher.
 

 

Descubren en Tlalpan un entierro múltiple de los primeros aldeanos de la Cuenca de México

 

Una espiral de huesos humanos, restos óseos de una decena de personas que fueron entrelazadas en la muerte hace dos mil 400 años aproximadamente, es el hallazgo más peculiar que investigadoras del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han realizado desde que iniciaran trabajos de salvamento arqueológico en terrenos de la Universidad Pontificia de México (UPM). El descubrimiento, registrado a metro y medio bajo el sitio que ocupó el oratorio, constituye por ahora el primer entierro con tal cantidad de individuos, reportado para el periodo Preclásico en la Cuenca de México.

Las pendientes que se dibujan en el asfalto de las calles circundantes al centro de Tlalpan, corresponden a una loma que —dados los recursos que brindaba la ribera del Lago de Xochimilco y el bosque templado: abundantes fuentes de agua dulce, especies arbóreas para la construcción, un suelo fértil apto para el cultivo y animales para la caza— fue elegida siglos antes de nuestra era para establecer una de las primeras aldeas.

Este panorama sobre los primeros asentamientos humanos al sur de la actual Ciudad de México, se ha ido revelando gracias a distintos salvamentos arqueológicos efectuados en predios de calles como Benito Juárez y en los terrenos de dicha universidad, localizada sobre Guadalupe Victoria, donde el arqueólogo Alejandro Meraz Moreno ya había dado cuenta en 2006 de la existencia de restos de la aldea preclásica de Tlalpan.

Ahora es la arqueóloga Jimena Rivera Escamilla quien tiene la oportunidad de ampliar el conocimiento sobre este asentamiento tan temprano, confirmando su periodo de ocupación a lo largo de 500 años, en el llamado periodo Formativo Medio y Tardío, entre las fases Zacatenco (700-400 a.C.) y Ticomán (400-200 a.C.). Se trató de una de las aldeas establecidas al oriente de Cuicuilco, cuando éste iniciaba su crecimiento y cobraba relevancia a nivel regional.

Para la especialista de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH, se puede estar de nuevo ante un momento muy importante para los estudios sobre los periodos Preclásico o Formativo en la Cuenca de México, como lo fue entre las décadas de 1960-1990, cuando se excavaron sitios como Tlatilco, Temamatla y Tlapacoya o Terremote-Tlatenco. En este milenio, otros hallazgos de contextos preclásicos, como la zona de enterramiento en Zacatenco, próximo al Acueducto de Guadalupe, en 2017; y las exploraciones en Tlalpan, dan nuevas perspectivas a estas investigaciones.

Jimena Rivera comenta que hace dos años tuvo la oportunidad de dirigir el salvamento arqueológico en el número 185 de la calle Benito Juárez, donde se ubicó otra sección de la aldea preclásica de Tlalpan, la cual posiblemente tuvo sus inicios hacia 800 a.C., en la fase Tetelpan. Estos fechamientos parten de la cerámica asociada a estos contextos y que ha sido ampliamente documentada, por lo que no hay duda que se está ante una unidad doméstica rural del periodo Formativo, con sus áreas de habitación y de entierros.

Otros de los indicadores de la temporalidad del sitio son los alineamientos hechos con cantos de río. En los frentes de excavación abiertos en el predio de la UPM, las arqueólogas han registrado varios, entre ellos uno que corresponde a una plataforma y otro que posiblemente indique una secuencia de fases constructivas. Sin embargo, las fosas troncocónicas, otros elementos prototípicos del periodo Formativo, son los contextos más llamativos.

En el salvamento arqueológico realizado en 2006 por Alejandro Meraz, en la parte suroeste de los terrenos de la UPM se detectaron 18 fosas troncocónicas. Cabe explicar que estos elementos excavados hasta llegar al tepetate o suelo natural, son llamados así por su forma de cono truncado o botellón, es decir, tienen un diámetro mayor en el fondo que en la boca, y servían como lugares de almacenamiento, depósitos o tumbas, o eran reutilizados para todos estos fines.

Tras cinco meses de tareas de salvamento en la UPM, el equipo coordinado por la arqueóloga Jimena Rivera ha localizado más de 20 fosas troncocónicas, casi todas en una misma área; seis contenían entierros individuales, en su mayoría de adultos. La experta hace hincapié en los círculos perfectos que lograban quienes excavaban estas fosas, logrando diámetros de 1.20 metros o 1.50, hasta de 1.80 a 2.30 m.

En un frente de excavación aparte, próximo a la barda de un terreno contiguo a la UPM, Rivera Escamilla y su colega, la arqueóloga Martha García Orihuela, descubrieron el entierro múltiple en una fosa con dos metros de diámetro. Se observan los restos de 10 individuos que debieron ser enterrados en un mismo momento, hace más de dos mil 500 años.

Las antropólogas físicas Lucía López Mejía y Sonia Rodríguez Martínez detallan que hasta el momento se han identificado 10 esqueletos, dos corresponden a individuos femeninos y uno masculino, a la espera de determinar el sexo de los restantes. En su mayoría son subadultos (adultos jóvenes), también se encuentra un adulto, un infante que tenía de entre tres y cinco años de edad al momento de morir, y los restos óseos de un niño de meses de edad.

Sin poder abundar por ahora en las causas de la muerte de estos aldeanos o si existe filiación entre ellos, las especialistas coinciden en que su acomodo apunta a un aspecto ritual. Al momento de disponerlos directamente sobre la tierra, los cuerpos de los fallecidos fueron “enlazados”, de modo que húmeros y cúbitos (huesos de brazo) de un individuo, aparecen bajo los lumbares (correspondientes a la columna vertebral) de otro.

“Tenemos diferentes deposiciones anatómicas: ventral flexionado, hiperflexionados con los miembros inferiores doblados hacia la pelvis, decúbito dorsal con los miembros hacia el abdomen, y un decúbito ventral extendido. Los cuerpos fueron enterrados ‘interactuando’ entre ellos, por eso hablamos de un mismo evento”, explica Lucía López Mejía.

Debido a la humedad presente en el área de entierro, éste se encuentra frágil y las antropólogas continúan su limpieza utilizando brochas suaves, palillos y peras de succión. A partir de lo observable, un par de individuos presentan deformación cefálica intencional, también se detecta mutilación dental en algunos casos, patologías como osteocitos en las vértebras y un desgaste dental generalizado.

A estos personajes les fueron ofrendados cajetes, cuencos, ollas y tecomates, miniaturas y grandes. A algunos les colocaron esferas cerámicas y piedras en las manos.

La arqueóloga Jimena Rivera reitera que los salvamentos arqueológicos permiten recuperar información sobre las sociedades del pasado, aunque la excavación resulta segmentada o limitada a los espacios donde se erigirá obra constructiva (como es el caso de la UPM), un adecuado registro ayuda —una vez que inicia el análisis— a proponer interpretaciones sobre los procesos, dinámicas y relaciones sociales. La aldea de Tlalpan se suma ahora, con mayor nitidez, al mapa de los asentamientos del periodo Formativo de la Cuenca de México.

Ahora es la arqueóloga Jimena Rivera Escamilla quien tiene la oportunidad de ampliar el conocimiento sobre este asentamiento tan temprano, confirmando su periodo de ocupación a lo largo de 500 años, en el llamado periodo Formativo Medio y Tardío, entre las fases Zacatenco (700-400 a.C.) y Ticomán (400-200 a.C.). Se trató de una de las aldeas establecidas al oriente de Cuicuilco, cuando éste iniciaba su crecimiento y cobraba relevancia a nivel regional.

Para la especialista de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH, se puede estar de nuevo ante un momento muy importante para los estudios sobre los periodos Preclásico o Formativo en la Cuenca de México, como lo fue entre las décadas de 1960-1990, cuando se excavaron sitios como Tlatilco, Temamatla y Tlapacoya o Terremote-Tlatenco. En este milenio, otros hallazgos de contextos preclásicos, como la zona de enterramiento en Zacatenco, próximo al Acueducto de Guadalupe, en 2017; y las exploraciones en Tlalpan, dan nuevas perspectivas a estas investigaciones.

Jimena Rivera comenta que hace dos años tuvo la oportunidad de dirigir el salvamento arqueológico en el número 185 de la calle Benito Juárez, donde se ubicó otra sección de la aldea preclásica de Tlalpan, la cual posiblemente tuvo sus inicios hacia 800 a.C., en la fase Tetelpan. Estos fechamientos parten de la cerámica asociada a estos contextos y que ha sido ampliamente documentada, por lo que no hay duda que se está ante una unidad doméstica rural del periodo Formativo, con sus áreas de habitación y de entierros.

Otros de los indicadores de la temporalidad del sitio son los alineamientos hechos con cantos de río. En los frentes de excavación abiertos en el predio de la UPM, las arqueólogas han registrado varios, entre ellos uno que corresponde a una plataforma y otro que posiblemente indique una secuencia de fases constructivas. Sin embargo, las fosas troncocónicas, otros elementos prototípicos del periodo Formativo, son los contextos más llamativos.

En el salvamento arqueológico realizado en 2006 por Alejandro Meraz, en la parte suroeste de los terrenos de la UPM se detectaron 18 fosas troncocónicas. Cabe explicar que estos elementos excavados hasta llegar al tepetate o suelo natural, son llamados así por su forma de cono truncado o botellón, es decir, tienen un diámetro mayor en el fondo que en la boca, y servían como lugares de almacenamiento, depósitos o tumbas, o eran reutilizados para todos estos fines.

Tras cinco meses de tareas de salvamento en la UPM, el equipo coordinado por la arqueóloga Jimena Rivera ha localizado más de 20 fosas troncocónicas, casi todas en una misma área; seis contenían entierros individuales, en su mayoría de adultos. La experta hace hincapié en los círculos perfectos que lograban quienes excavaban estas fosas, logrando diámetros de 1.20 metros o 1.50, hasta de 1.80 a 2.30 m.

En un frente de excavación aparte, próximo a la barda de un terreno contiguo a la UPM, Rivera Escamilla y su colega, la arqueóloga Martha García Orihuela, descubrieron el entierro múltiple en una fosa con dos metros de diámetro. Se observan los restos de 10 individuos que debieron ser enterrados en un mismo momento, hace más de dos mil 500 años.

Las antropólogas físicas Lucía López Mejía y Sonia Rodríguez Martínez detallan que hasta el momento se han identificado 10 esqueletos, dos corresponden a individuos femeninos y uno masculino, a la espera de determinar el sexo de los restantes. En su mayoría son subadultos (adultos jóvenes), también se encuentra un adulto, un infante que tenía de entre tres y cinco años de edad al momento de morir, y los restos óseos de un niño de meses de edad.

Sin poder abundar por ahora en las causas de la muerte de estos aldeanos o si existe filiación entre ellos, las especialistas coinciden en que su acomodo apunta a un aspecto ritual. Al momento de disponerlos directamente sobre la tierra, los cuerpos de los fallecidos fueron “enlazados”, de modo que húmeros y cúbitos (huesos de brazo) de un individuo, aparecen bajo los lumbares (correspondientes a la columna vertebral) de otro.

“Tenemos diferentes deposiciones anatómicas: ventral flexionado, hiperflexionados con los miembros inferiores doblados hacia la pelvis, decúbito dorsal con los miembros hacia el abdomen, y un decúbito ventral extendido. Los cuerpos fueron enterrados ‘interactuando’ entre ellos, por eso hablamos de un mismo evento”, explica Lucía López Mejía.

Debido a la humedad presente en el área de entierro, éste se encuentra frágil y las antropólogas continúan su limpieza utilizando brochas suaves, palillos y peras de succión. A partir de lo observable, un par de individuos presentan deformación cefálica intencional, también se detecta mutilación dental en algunos casos, patologías como osteocitos en las vértebras y un desgaste dental generalizado.

A estos personajes les fueron ofrendados cajetes, cuencos, ollas y tecomates, miniaturas y grandes. A algunos les colocaron esferas cerámicas y piedras en las manos.

La arqueóloga Jimena Rivera reitera que los salvamentos arqueológicos permiten recuperar información sobre las sociedades del pasado, aunque la excavación resulta segmentada o limitada a los espacios donde se erigirá obra constructiva (como es el caso de la UPM), un adecuado registro ayuda —una vez que inicia el análisis— a proponer interpretaciones sobre los procesos, dinámicas y relaciones sociales. La aldea de Tlalpan se suma ahora, con mayor nitidez, al mapa de los asentamientos del periodo Formativo de la Cuenca de México.
 

 

El INAH cumple 79 años afrontando nuevos desafíos

 

Viernes, 02 de febrero de 2018

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) fue creado hace 79 años por la ley promulgada el 3 de febrero de 1939, a iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas, con la misión de explorar las zonas arqueológicas del país; vigilar, conservar y restaurar los monumentos arqueológicos e históricos, así como los objetos que en ellos se encuentren; realizar investigaciones científicas, antropológicas y etnográficas, y publicar obras relacionadas con las materias expuestas.

Al llegar a sus 79 años de vida, el INAH se enfrenta a un gran reto institucional: continuar con la restauración de las mil 821 edificaciones que resultaron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado, para lo cual desarrolla un plan de recuperación.

Bajo este esquema, el instituto se encargó de forma inmediata de censar los daños en las once entidades afectadas con apoyo de brigadas de especialistas para cada uno de los estados afectados en los que trabajaron mil 100 técnicos, quienes evaluaron los daños en los edificios, así como en los bienes que resguardan.

Asimismo, ha iniciado los trabajos de restauración de las mil 821 edificaciones afectadas, que en los casos más graves se extenderán hasta 2020. Tarea en la que se promueve que las casas y la traza de los pueblos con arquitectura tradicional se mantengan por ser parte de la riqueza e identidad de nuestro país.

En el marco de los 79 años del INAH, también se celebrará el 40 aniversario del Proyecto Templo Mayor, cuyo museo recientemente fue objeto de una remodelación que incluyó la apertura de un nuevo vestíbulo en el que se puede apreciar el monolito de la diosa Tlaltecuhtli y parte del Cuauhxicalco (plataforma circular con cabeza de serpiente en la que se incineraba a los gobernantes mexicas).

De igual forma, el instituto festejará este mes el cincuentenario de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM), pionera de la restauración en Latinoamérica; fue fundada en 1968 en el Ex Convento de Churubusco, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El INAH ha desarrollado durante estos años diversas investigaciones que han ido de la mano de algunos de los grandes hallazgos de los siglos XX y XXI, enriqueciendo el conocimiento de las culturas que florecieron en lo que hoy es México. Destacan el descubrimiento, en 1952, de la Tumba de Pakal en la ciudad de Palenque, Chiapas, por el arqueólogo Alberto Ruz Lhuillier, la cual actualmente es objeto de trabajos de conservación con financiamiento de la Embajada de Estados Unidos.

En la larga lista de descubrimientos también está el enorme monolito de Tlaltecuhtli, diosa de la tierra, registrado en 2006, frente al Templo Mayor del Recinto Sagrado de Tenochtitlan, y el Huei Tzompantli, en 2017.

Su historia

Junto al primer director del INAH, Alfonso Caso Andrade, quien se había distinguido por sus excavaciones en el sitio de Monte Albán, Oaxaca, donde encontró la Tumba 7, en 1932, un selecto grupo de arqueólogos, historiadores y antropólogos trabajó con el objetivo de prestar mayor atención al estudio científico de los grupos indígenas y a la exploración, conservación y restauración de los monumentos arqueológicos del país.

Así, el INAH se instituía como el organismo responsable de proteger el enorme patrimonio arqueológico e histórico del país y de estudiar la realidad indígena en su extendida geografía. Los sucesivos directores a lo largo de siete décadas han perfeccionado la organización del instituto hasta convertirlo en un elemento fundamental para la preservación y estudio del patrimonio cultural.

Las investigaciones en sitios como Teotihuacan, Monte Albán, Palenque o Chichén Itzá, entre otros, a cargo de los grandes pioneros de la arqueología mexicana, dieron empuje a la formación de nuevos cuadros de especialistas que hoy en día trabajan en los diversos campos relacionados con la arqueología, la paleontología, antropología, historia, conservación y restauración.

Nombres como Eulalia Guzmán, Beatriz Braniff, Ignacio Bernal, Alberto Ruz Lhuillier y Román Piña Chan, entre muchos otros expertos, son referente indispensable de la arqueología mexicana por su enorme contribución al estudio y conocimiento de las civilizaciones mesoamericanas, y cuya labor en el INAH ha dejado un legado invaluable. Amén de especialistas de gran talento que han fortalecido los estudios antropológicos e históricos.

Hoy en día, el instituto recurre al uso de nuevas tecnologías para fortalecer los trabajos de investigación y conservación. Tal es el caso del escáner láser para el levantamiento de imágenes tridimensionales de monumentos históricos, sensores remotos y de teledetección para la identificación de sitios prehispánicos, y de nanotecnología (que trabaja a nivel de átomos y moléculas) para la conservación del patrimonio cultural, entre muchas otras herramientas que lo colocan a la vanguardia.

La riqueza cultural no deja de crecer, diariamente se encuentran nuevos vestigios, restos del pasado que nos dio origen y nos conforma hoy como nación. Proteger este patrimonio, contribuir a que los mexicanos lo conozcan, lo valoren, lo respeten y lo disfruten es una tarea permanente en la que el INAH se encuentra comprometido desde su creación hace 79 años, como la entidad técnica especializada del Estado mexicano en materia de investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural del país.
 

 

Ciudad de México tiene la mayor tasa de mujeres víctimas de trata

 

Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México. - 02/02/2018.- El año pasado la Ciudad de México encabezó la lista de estados con las más altas tasas de mujeres víctimas de trata en el país: ocurrieron 2.89 casos por cada 100 mil mujeres, es decir, la urbe duplicó la media nacional de 0.59, según la reciente estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Revisar y reconocer la situación de trata de mujeres en la capital del país es una demanda del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Personas y la Red “Todos para Todas y Todos”, organizaciones civiles que el 7 de septiembre de 2017 solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) en todas las delegaciones de la ciudad.

En su solicitud de Alerta estas asociaciones llamaron la atención a las autoridades por la desaparición de mil 836 mujeres reportadas como ausentes o extraviadas entre 2015 y 2016, de las cuales 644 siguen sin ser localizadas.

Las sospechas de que estas desapariciones estén vinculadas con la trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial y otros delitos como el feminicidio, hizo que las organizaciones exigieran al Grupo de Trabajo integrado para investigar la violencia de género en la Ciudad de México, poner énfasis en la trata de mujeres, sin embargo, aún se desconocen los resultados de esta investigación porque lleva más de un mes de retraso en la entrega.

Pero las cifras que publicó este mes el Secretariado Ejecutivo dan un panorama del contexto de trata de mujeres en la Ciudad de México, indican que en 2017 la urbe concentró el mayor número casos del país, un total 133 de acuerdo con los registros entregados por de Procuraduría local.

Es decir, un 35 por ciento de las 373 mujeres víctimas de trata reportadas en el 2017 eran originarias de la capital del país. Además, resalta que de estas 133 víctimas, 12 eran adolescentes y niñas de 17 años de edad o menos.

A pesar de que el Secretariado no da mayor información sobre las mujeres víctimas de trata (como la delegación donde ocurrió el hecho o el estado de la carpeta de investigación) las asociaciones civiles han documentado las zonas donde las capitalinas corren riesgo de ser víctimas de este delito.

Los estudios de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) ubican a la delegación Iztapalapa, los límites con el Estado de México, la zona centro (Alameda, Merced, Garibaldi), la Zona Rosa, delegación Tlalpan y las terminales de camiones del norte de la capital como focos rojos de trata de mujeres.

Asimismo, en 2017 la organización Hispanics in Philanthropy (HIP) realizó el estudio “Trata de personas en México”, en este asevera que en la zona centro del país (conformada por Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Michoacán y Morelos) el sitio más importante en las dinámicas de captación y explotación de personas para fines de trata es la Ciudad de México.

De acuerdo con las rutas que lograron identificar las y los investigadores de HIP con ayuda de organizaciones civiles, las víctimas de trata capitalinas son trasladadas a entidades como Baja California, Nuevo León, Tabasco y Chiapas.

Esta investigación señala también que la urbe es un punto de destino, las víctimas provienen de Puebla, Oaxaca, Querétaro, Michoacán, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Tabasco y de otros países como El Salvador y Colombia.

TLAXCALA SIN REGISTRO DE TRATA

Seguida de la Ciudad de México se encuentra Tlaxcala con una tasa de 1.62 casos de trata por cada 100 mil mujeres, esta entidad es reconocida a nivel mundial por la explotación sexual y comercial de mujeres, un delito que alcanza rutas de movilidad internacionales con destino a Arizona y Nueva York, de acuerdo con el diagnóstico de trata hecho por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Bajo este contexto Tlaxcala ha sido la única entidad del país en el que las organizaciones solicitaron la AVG por la trata de mujeres en agosto de 2016, sin embargo, un año después la Secretaría de Gobernación (Segob) la rechazó argumentando que no elementos para proceder a decretar el mecanismo.

De acuerdo con el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, de los 60 municipios que conforman a Tlaxcala, se han identificado que en 35 operan corredores de grupos de tratantes.

A pesar del conocimiento de la trata de mujeres en Tlaxcala, los datos del Secretariado muestran una falta de investigación de los casos por parte de la Procuraduría estatal, quien apenas reportó 11 mujeres víctimas en 2017.

En tanto, el tercer estado con las tasas más alta de mujeres víctimas de trata es Chihuahua, 1.30 víctimas por cada 100 mil mujeres, reporta la dependencia de Segob.

EL NORTE SIN REGISTRO DE TRATA

También entre los datos del SESNSP llama la atención que los estados del norte del país reportan pocos o ningún caso de mujeres víctimas de trata. Por ejemplo, las Procuradurías de Sinaloa y Baja California Sur informaron de un caso en 2017, en tanto, Sonora y Durango indican que no hubo casos de trata el año pasado.

Por otro lado, hay estados que ni siquiera registran el sexo de las víctimas, como San Luis Potosí y Guerrero, por lo que el Secretariado no agrega a los datos que proporcionaron estas entidades sobre el delito de trata contra mujeres.

Con ello, el reporte del Secretariado Ejecutivo arroja que en los últimos tres años han disminuido las mujeres víctimas de trata; En 2015 se reportaron 685 casos, el siguiente año 594 y finalmente 2017 cerró con 373 mujeres víctimas de trata en todo el país.
 

 

En 2017 se hallaron 343 fosas clandestinas en el estado de Veracruz

 

Wikinoticias 30 de enero de 2018.- Jorge Winckler, fiscal del estado de Veracruz, detalló en su comparecencia ante la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local que en 2017 se hallaron 343 fosas clandestinas en 44 municipios del estado. Suman 225 cuerpos, 335 cráneos y más de 30 mil 600 fragmentos humanos hallados. Se informó también que se ha logrado identificar 111 cuerpos y 114 están en análisis.

Las 343 fosas se ubicaron en 102 lugares en 44 municipios a lo largo del estado. El propio municipio de Veracruz cuenta 173, seguido, con dieciséis cada uno, de Agua Dulce, Pueblo Viejo (Misantla), Tres Valles y Alvarado. El fiscal aseguró que durante la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa no se reportaron 1876 casos de desaparición, por lo que en la actualidad se investigan 3600 casos.

El estado de Veracruz registró un incremento en la violencia, cerrando el año pasado con 146 homicidios dolosos. Por otra parte, se han girado diecinueve órdenes de aprehensión por el crimen de desaparición forzada y se encontró a 685 personas denunciadas como no localizadas. La comparecencia, sin embargo, se vio interrumpida por Gonzalo Vicencio Flores, excandidato del izquierdista Morena a la alcaldía de Chicontepec. Vicencio Flores denunció su secuestro y responsabilizó al diputado Manuel Francisco Martínez, del centroderechista Partido Verde Ecologista de México.

Asimismo, el fiscal fue criticado y cuestionado por sus resultados, tanto por parte de opositores como del gobernante derechista Partido Acción Nacional, del actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Fuera de las instalaciones del congreso, familiares de desaparecidos e integrantes de grupos de búsqueda se mostraron inconformes con su labor y afirmaron recibir malos tratos y poca colaboración por parte de la fiscalía que encabeza.

Colectivos como Solecito y Buscando a nuestros desaparecidos han ayudado a destapar el escándalo de los desaparecidos, que los gobiernos municipales trataron de minimizar. 30 de 111 cuerpos identificados se encontraron en uno de los cementerios clandestinos más grandes de México: Colinas de Santa Fe. Cercano al puerto de Veracruz, de él se extrajeron 287 cráneos, quince entregados a familiares. Por otra parte, en marzo del año pasado, autoridades encontraron 47 cráneos en el paraje Arbolillo, municipio de Alvarado. Entre ropa rota y desgastada, peritos hallaron también 142 restos óseos triturados para dificultar su identificación.

 

 
 

Chile produce entre 3 a 5 veces más energía con relación a demanda nacional

 

Por Alfredo Seguel
Noticias Medio a Medio

1 febrero 2018.- energia4Existe un amplio desborde con respecto al desarrollo energético en Chile, con una sobre oferta que va con un amplio crecimiento considerando lo cientos de proyectos de energía que están ingresados para calificación en el sistema de evaluación ambiental (SEA), cuya explicación radica en dos claves: La expansión minera hacia el sur de Chile y la exportación de energía, principalmente hacia Argentina y que se relacionan a la expansión petrolera – fracking y también minera.

Los datos son descomunales. En el día de mayor consumo de energía en Chile en comparación a la capacidad instalada existe una relación de tres veces más y en comparación con el menor día de consumo de energía la relación incluso supera en cinco veces más, lo que demuestra la sobre producción que hay y los diversos niveles de especulación que se relacionan con la expansión del extractivismo y la exportación de energía.

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) señalaba durante el 2017 que en base a capacidad Instalada de producción de energía en Chile y en comparación a la demanda máxima horaria para los sistemas de interconexión SIC y SING, “se puede concluir que en Chile hay una capacidad instalada para producir mucho más del doble de la electricidad en días de máxima demanda (…) Se entiende que para que el sistema tenga un respaldo y se pueda atender en un 100% la demanda energética, que es variable en las distintas horas del día y en distintas épocas del año, se requiere una capacidad instalada superior a la demanda real, por los imprevistos, mantención, factor de potencia etc., pero claramente en este caso la capacidad instalada está largamente sobre dimensionada. No hay crisis de abastecimiento a la vista”, indicaba Lucio Cuenca, coordinador de la organización.

Ya en el año 2015, el movimiento “Los ríos nos unen” señalaba que el Ministerio de Energía faltaba a la verdad con respecto a que en Chile hay una crisis hídrica, contra restándolo con los siguientes argumentos: “Chile genera el doble de energía de la que necesita, razón por la cual incluso se pretende exportar. Al mes de enero 2015, la capacidad instalada del Sistema Interconectado Central (SIC) es de 15.178,9 MW y la del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) es de 4.785,6 MW. “En conjunto se encuentran instalados 19.964,4 MW de potencia, correspondientes a un 63% de origen térmico, un 31,9% de origen hídrico, un 3,6% de origen eólico y un 1,4% de origen solar. En ese mismo mes, las demandas máximas del SIC y del SING alcanzaron los 7.527,8 MW y 2.340,8 MW, respectivamente”, indicaron, quienes dieron como una de sus fuentes el Boletín del Mercado Eléctrico SECTOR GENERACIÓN.

Cifras y relación descomunal

Durante el año 2016 la capacidad instalada de energía, incluyendo el sistema de interconexión norte y centro sur (Sing, SIC, Smmm), llegaba a 22.045 MW categorizada en un 58 % de termoelectricidad, 28 % de hidroelectricidad, y un 14 % a lo que denominan Energías renovables no convencionales. En dicho año, el día con mayor demanda de energía fue el 20 de enero, alcanzando a 7.789 MW. La demanda mínima del año, fue de 4.051 MW el día 1 de enero del 2016, quintuplicándose y más durante el 2017, información de acuerdo al anuario estadístico de energía de la CNE y Ministerio de Energía.

Al año 2006 la capacidad instalada era de 10.462 MW, es decir que en 10 años llegó al doble. E consumo mínimo dicho año era de 2.650 y el máximo de 6.064 MW.

Se estima asimismo en cuanto a la capacidad instalada de la hidroelectricidad en Chile, que esta llegará a cerca de 8.000 MW en la matriz energética local, de los cuales el 99,5% se ubicaría en la zona centro-sur del territorio, según lo indica el estudio “Rol de la Hidroelectricidad en Chile”, elaborado por el Instituto de Ingenieros y dado a conocer a fines del 2017. Las cifras en eólicas son mucho más descomunales.

Energía: Nuevo pilar del desarrollo neoliberal

El ex Ministro de Energía, Máximo Pacheco Matte, es uno de los principales responsables en levantar con una nueva planificación el último pilar del modelo neoliberal chileno, el de desarrollo de energía, a tal punto, que la producción de energía comenzó a exportarse a Argentina, dando luz verde a múltiples proyectos de empresas chilenas y transnacionales para inversiones, abriendo aún más la capa neoliberal que por años estuvo controlada por un oligopolio (Endesa y Colbún) y que progresivamente ha venido creciendo con los años, con plena luz verde durante la gestión de Pacheco Matte como Ministro de Energía, existiendo una verdadera invasión de decenas y decenas de empresas de energía con diversos proyectos: hidroeléctricas (represas, centrales de paso y mini hidros), mega parques eólicos, termoeléctricas de diverso tipo, geotermias, existiendo en estos momentos cientos de proyectos en el sistema de evaluación ambientales y miles en carpeta en el Ministerio de Energía.

Es importante destacar, que el enorme aumento de cientos de proyectos de energía en el centro sur de Chile (hidroeléctricos y eólicos), estarían relacionados para la exportación al extractivismo en Argentina (minero y petrolero – fracking) y para futuros proyectos mineros en el centro sur de Chile.

Cabe mencionar que en las zonas sur en ambos lados de la cordillera existe una planificación geopolítica militar destinada a facilitar las interconexiones y salidas de materias primas relacionadas al extractivismo, lo que en buena parte se relaciona con corredores bioceánicos del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), que involucra, por ejemplo, zonas fronterizas como Lonquimay Pino Hachado para conexión de puertos como Talcahuano con el principal objetivo de facilitar la salida del petróleo y fracking de Provincias como Rio Negro, Pampa y Neuquén en Argentina. Asimismo, es posible relacionar las mejoras en infraestructuras viales en zonas cordilleranas de la Araucanía como Liquiñe – Curarrehue – Pucón – Panguipulli que también estarían relacionadas. Por su parte, también involucra el paso Puyehue cardenal Samoré en Osorno, estableciéndose para conexiones varias, incluyendo hacia Puerto Corral entre otros. Otro paso clave que se ha establecido es el de Puelo – Manso al oeste sur de Los Lagos – Llanquihue que estaría vinculado a yacimientos mineros en Palena (Chile) y Chubut (Argentina), así como con todo el extractivismo especulativo que se pretende en Chiloé. De la misma forma, la conexión del paso internacional en Aysén y conexión con camino Longitudinal Austral hasta Magallanes vinculado a Argentina.

El 2 de noviembre del 2017, los Gobiernos de Chile y Argentina (Bachelet y Macri), anunciaban el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, siendo uno de los propósitos la exportación e intercambio en desarrollo energético y extractivismo, principalmente relacionados con la industria petrolera, minera y forestal (celulosa), esto, mientras las políticas de represión aumentan y se coordinan en ambos lados de la cordillera contra la disidencia y la protesta social, principalmente en territorios de comunidades mapuche.